Se hace oportuno realizar un análisis sobre algunos elementos de la acción del Santo Oficio de la Inquisición en Venezuela, a propósito de los deseos de enmienda del Papado sobre los efectos nefastos de la acción de la Inquisición y las investigaciones que sobre ellos efectúan diversos estudiosos.
El origen de la Inquisición se ubica en el año 1184 cuando el papa Lucio II convocó un concilio en Verona en el que se redactó una constitución que estableció las bases de la Inquisición episcopal. Sobre los obispos de cada región se impone la obligación de mantener la fe e informar directamente al Papa acerca de las personas sospechosas de herejía. La Inquisición se basa en dos presunciones fundamentales que dan la base para la comprensión cabal de esta institución. La primera es la de que existe una República cristiana, una sola sociedad cristiana, como existe una sola Iglesia católica y que tanto éstas como el Estado tienen, como fundamento básico, la verdadera religión cristiana. La segunda, es la de que la seguridad de los cuerpos políticos y eclesiásticos exigen una disciplina en la Iglesia y en el Estado, con el objeto de que los súbditos obedezcan a sus legítimos gobernantes, civiles y religiosos. El hereje, es pues, al igual que el criminal, un rebelde y un paria, y por ello debe ser perseguido y castigado, tanto por la Iglesia como por el Estado. A los Reyes Católicos se les plantea la necesidad de establecer una Inquisición «española», como resultado de la necesidad del Estado nacional en formación, de encuadrar ideológicamente a sus súbditos de la religión católica estatuida como oficial y única del Estado. Aunque en 1478, el papa Sixto IV autorizó por medio de una bula especial a Fernando e Isabel para establecer en Castilla la Inquisición. Hubo luchas entre el Papa y los Reyes Católicos por este asunto y será sólo el 2 de agosto de 1483, que el Papa promulgue un decreto instituyendo en Castilla un Santo Tribunal permanente bajo la dirección del Inquisidor General (Supremo) nombrado por el Papa conforme a la recomendación de la Corona española; pero, subordinada en todas sus acciones exclusivamente a este última, investido del derecho de detener y juzgar a los herejes (entendiéndose por tales, en primer lugar, los cristianos nuevos) y de confiscar su propiedad a favor de la Corona española y los inquisidores. El puesto de Inquisidor general se encomendó a Tomás de Torquemada. La estructura del Consejo de la Suprema Inquisición era bastante amplia, estaba presidida por el inquisidor general, seis consejeros, dos asociados del Consejo de Castilla, el secretario del Rey en este Consejo y un fiscal. La jurisdicción del Santo Oficio sólo se extiende a los bautizados, la Iglesia católica reconoce como válido todo bautizo aunque sea hecho por hereje, de allí que personas nacidas protestantes fuesen juzgadas. Con el descubrimiento de América se produce el trasplante de la institución inquisitorial a nuestro continente. En los primeros años de la conquista, recae en los obispos la persecución de los herejes y otros delincuentes. La vasta extensión de los territorios impedía un control intensivo de las jurisdicciones respectivas, por ello posteriormente se establecen tres tribunales inquisitoriales, que serán: los de México y Lima, establecidos por Real Cédulas de 25 de enero de 1569 y el de Cartagena de Indias, creado por Real Cédula de 25 de febrero de 1610. Las provincias de Tierra Firme, que englobaban lo que actualmente es Venezuela, dependían como jurisdicción inquistorial de Cartagena de Indias desde 1610. Antes de esa fecha habían estado adscritas al Tribunal Inquisitorial de Lima. La conformación del aparato inquisitorial venezolano se da utilizando como fundamento la estructura eclesiástica distribuida en las provincias de Tierra Firme, lo que permitió una fluida y sólida conformación del mismo. La estructura inquisitorial para las provincias venezolanas estaba conformada por los llamados comisarios, que detentaban la representación del Santo Oficio en las ciudades villas del distrito inquisitorial. Debían ser clérigos, hombres virtuosos con beneficios y rentas suficientes. Entre sus funciones podemos mencionar que: investigaban las limpiezas de sangre, ejecutaban los mandamientos del tribunal inquisitorial; las capturas de los reos y los secuestros de bienes. Este funcionario existía en la mayor parte de las grandes poblaciones de la Venezuela colonial. Entre los comisarios más destacados de los aposentados en Caracas podemos mencionar al doctor Luis Mendoza, quien actúa en 1650; fray Buenaventura Generes, quien actúa en 1676 y el doctor Gabriel Lindo quien actúa en 1779. A los comisarios se les añadían el alguacil, encargado de ejecutar las decisiones; el notario encargado de dar fe y noticias de los actos del tribunal y, por último, los llamados familiares, personas de diversa condición social que auxiliaban al comisario en diversas tareas tales como espionaje y en el papel de funcionarios armados para la captura de los sospechosos y la custodia de los comisarios. La delitología inquisitorial presente en Venezuela, contiene una temática variada y extendida a todas las regiones del actual territorio venezolano. Los delitos que ameritaban actuaciones de los comisarios eran herejías, idolatrías, brujerías, hechicerías, denuncias contra clérigos, doble matrimonio, blasfemia herétical, sodomía y, por último, lecturas de textos de herejes.
En Venezuela encontramos comisarios del Santo Oficio, actuando desde el mismo momento de fundación del Tribunal de Cartagena, es así que ya para 1612 encontramos a personas encarceladas en esta ciudad, mujeres, hombres esclavos, libres, enviados por los funcionarios de la jurisdicción venezolana, destacando entre ellos el inglés Adán Edon, quien en 1622 fue capturado en Cumaná por el delito de herejía y enviado a Cartagena de Indias, donde luego de ser juzgado y declarado culpable fue entregado al brazo secular y quemado, también se encuentra entre los perseguidos de la Inquisición el insigne precursor don Francisco de Miranda, quien fue objeto de encarnizada persecución y hostigamiento por su espíritu librepensante y su lucha por la libertad. La Inquisición desaparece en nuestro país con la ley de abolición del Santo Oficio de la Inquisición promulgada por el Congreso de 1811.
Pedro Vicente Sosa Llanos es abogado,
historiador, profesor UCV.
Revista Maguén Escudo 